Intervención del Estado o defensa de privilegios

La intervención del Estado en materia económica para los economistas sólo se justifica con el propósito de incentivar el desarrollo de una nación.

Entonces por qué prohibir y sancionar prácticas monopólicas debe ser tarea del Estado. En realidad su tarea no es acabar o cazar monopolios sino garantizar un juego limpio entre los actores sociales. Con esto se entiende claramente que los monopolios son el equivalente a terminar por completo con el fair play económico.

¿Por qué razones?

En la entrada anterior  comenté en qué consiste la actividad monopólica y como algunas veces estos gigantes impiden a empresas competidoras adentrarse en un mercado que no debería pertenecerles sino sólo deberían formar parte de él. Es ahí donde el gobierno debería intervenir para garantizar la competencia económica, con el fin de incentivar el desarrollo económico.

El facilitar la competencia o vigilar las garantías de cualquier competidor asegura los beneficios económicos tanto para las empresas productoras como para los consumidores finales del bien.

Qué beneficio tendría un estudiante o un obrero al contar con más alternativas de consumo y empresas compitiendo por atraer el mercado, sería beneficiado al menos con precios
competitivos, es decir, precios más bajos.

Al final de cada mes los consumidores podrían elegir libremente entre las opciones disponibles y reasignar sus recursos y comprar otros bienes o servicios tales como educación u otros bienes, moviendo otras ramas económicas.

Es curioso como contar con la libertad de elegir entre una lata de Coca-Cola u otra alternativa podría desencadenar beneficios importantes, muchas veces al estar en una urbe no percibimos que en lugares apartados donde la decisión pesaría mucho más, esta libre elección no es posible debido al bloqueo y juego sucio del monopolio de la marca de la “amistad”.

¿Qué ha hecho el Estado mexicano al respecto?

Durante 2002 la Comisión Federal de Competencia sancionó a Coca-Cola por cometer prácticas monopólicas en territorio mexicano, que pasó después, francamente nada.

Coca-Cola pagó sus multas, pero no hay garantías que desistiera de realizar dichas prácticas, donde quedó la intervención del Estado, al parecer se almacenó en el archivo como antecedente jurídico de que es posible sancionar a los gigantes monopólicos, pero por qué dejar ahí el asunto.

Por qué abandonar un caso que en otros países se persigue con la misma prioridad que un fraude millonario, el robo de propiedad intelectual o el narcotráfico, lamentablemente la respuesta parece ser la misma que para los casos anteriores en nuestro país, es una muestra más de impunidad.